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En carta enviada al alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, el senador Alfredo Ramos Maya pidió llamar la atención sobre las actuaciones del representante de la ONU para Colombia, Todd Howland, puesto que falta a los principios de imparcialidad que caracterizan a dicha organización.

Ramos se refiere específicamente al reciente comunicado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitido por Howland en el que demostraría un involucramiento en temas de institucionalidad nacional, cuando en realidad “fue llamada a este proceso como un ente verificador”. Y es que tanto la Legislativa con la Judicial, son unas ramas autónomas e independientes que propenden por el equilibrio democrático en Colombia y, especialmente la segunda, “tiene la capacidad de garantizar los derechos de las víctimas y no se hace necesaria la creación de otra jurisdicción burocrática donde la única finalidad es criminalizar la oposición democrática, las fuerzas militares y los empresarios”. Temas que Howland estaría desconociendo “al afirmar que la JEP es la única que puede garantizar los derechos de las víctimas, cuando la normatividad y la rama judicial colombiana lo hace en todas sus actuaciones”, comentó Ramos.

En consecuencia, insiste el senador, la JEP, fruto de un proceso ilegitimo de Fast Track, y la reglamentación aprobada hasta el momento tienen vicios de forma y de fondo insalvables que afectarán el equilibrio democrático, eso, sin contar con la parcialidad de los miembros que la conforman.

De manera que Ramos Maya pidió a Al Hussein “llamar la atención a su representante en Colombia, pues le hace un pésimo favor a la imagen de la ONU que siempre está caracterizado por su neutralidad, especialmente en materia de política”.

FIN

 

La siguiente es la carta enviada:

 

Bogotá, 9 de noviembre de 2017

 

Señor

ZEID RA’AD AL HUSSEIN

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-ONU

 

 

Con respecto al comunicado de prensa emitido el día 8 de noviembre del año en curso por Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-ONU, para aprobar el proyecto de ley estatutaria de la denominada “Jurisdicción Especial de Paz” (JEP), me siento en la obligación de realizar las siguientes precisiones y aclaraciones:

 

Todo el proceso relacionado con el mal denominado “Proceso de Paz” con el grupo narcotraficante terrorista farc es ilegal, inconstitucional e ilegítimo. Es ilegítimo en tanto la refrendación que se hizo por medio del Congreso de la República es una burla al pueblo colombiano en tanto desconoció la voluntad popular del constituyente primario que se pronunció el 2 de octubre de 2016 votando NO a dichos acuerdos.

Es inconstitucional en el sentido en que la rama legislativa no tiene la competencia para refrendar acuerdos de tipo alguno. Las funciones del Congreso se encuentran en la Constitución Política en el artículo 140 y en la Ley 5ta de 1992 artículo 6. Lo anterior a su vez debe ser interpretado a la luz del artículo 6to de la Constitución política donde se consagra el principio de responsabilidad que significa que los servidores públicos sólo pueden hacer lo que les sea permitido expresamente por la ley.

Es un proceso ilegal en cuanto la competencia para el planteamiento de políticas públicas radica única y exclusivamente en cabeza del Gobierno Nacional y, en este caso, el Congreso aprobó de manera irregular unas políticas públicas creadas por el grupo terrorista narcotraficante “farc”.

Todas estas son razones suficientes para demostrar que tanto la JEP como las demás normas expedidas a raíz de los acuerdos con las farc, tienen vicios insubsanables que reabrirán heridas políticas por muchas generaciones si no se corrigen prontamente.

Adicionalmente a estas argumentos democráticos, es menester precisar ciertos asuntos concernientes exclusivamente al tema de la JEP. Esta Jurisdicción se encuentra parcializada por la forma en que fueron y están siendo escogidos los miembros que la conforman. El comité de escogencia está conformado por 5 miembros de de los cuales 3 son extranjeros, en una intromisión inaceptable pues terminan decidiendo sobre temas de interés nacional. Aunque se estableció que el proceso de selección debía ser con “sujeción a los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y criterios de cualificación para su selección”, lo que sucedido en la práctica demuestra un completo oscurantismo en la forma de selección y una clara ideologización como único mérito para ser elegido. Quisieron disfrazar la publicidad y la transparencia realizando una convocatoria pública para que todos aquellos que quisieran ocupar un lugar en la JEP se inscribieran, sin embargo, nunca fue claro ni público la forma en que seleccionaron los definitivos,  puesto que no se conocieron en ningún momento los protocolos de calificación ni los puntajes previamente definidos para cada ítem calificable. El resultado de este supuesto proceso transparente y público fue el nombramiento de unos personajes con unas claras tendencias ideológicas y unos prejuzgamientos evidentes que no hace posible una verdadera justica objetiva. Dentro de las personas escogidas se encuentran 9 personas que han hecho parte de las altas cortes, lo que evidencia una puerta giratoria entre las diversas instituciones de la justicia, 13 personas que han sido grandes contratistas del gobierno persecutor de Juan Manuel Santos, 4 integrantes de colectivos de abogados que se han dedicado a perseguir a la oposición y a los militares, 2 opinadores con evidentes prejuicios ideológicos y una persona con directa relación con uno de los integrantes del comité de escogencia en claro conflicto de interés.

Adicionalmente, la JEP no es más que una máquina de impunidad del narcotráfico y de crímenes de lesa humanidad. Este es un adefesio normativo creado para satisfacer única y exclusivamente los intereses del grupo narcotraficante terrorista farc, cuya finalidad es darles impunidad por los innumerables crímenes de lesa humanidad, justificar su actividad narcotraficante y criminalizar a la oposición democrática en cabeza del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez tal y como lo dijo el asesino alias “Andrés París”.

Para terminar, debo recordarle que la ONU fue llamada a este proceso como un ente verificador y, vemos como un abuso indebido inmiscuirse en temas del Congreso de la República de Colombia, que es una rama del poder público autónoma e independiente. Adicionalmente, están desconociendo principios fundamentales del derecho colombiano, en tanto que la rama judicial existente tiene la capacidad de garantizar los derechos de las víctimas y no se hace necesaria la creación de otra jurisdicción burocrática donde la única finalidad es, como se dijo anteriormente, criminalizar la oposición democrática, las fuerzas militares y los empresarios. El Señor Howland demuestra un absoluto desconocimiento cuando afirma que la JEP es la única que puede garantizar los derechos de las víctimas cuando la normatividad y la rama judicial colombiana lo hace en todas sus actuaciones.

 

Deseo que usted llame la atención a su representante en Colombia, pues le hace un pésimo favor a la imagen de la ONU que siempre está caracterizado por su neutralidad, especialmente en materia de política.

 

Cordialmente,

 

 

ALFREDO RAMOS MAYA

Senador de la República

Copia: Martín Santiago Herrero

 

 

 

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