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Sin la presencia de las dos exministras, Gina Parody y Cecilia Álvarez-Correa, la Procuraduría General formuló pliego de cargos por haber, presuntamente, incurrido en un conflicto de intereses al aprobar el documento Conpes 3817 con el cual se autorizó la adición del contrato para la construcción de la vía de Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II.

Para el Ministerio Público, era claro que Parody y Álvarez, tenían conocimiento del beneficio directo que generaría sobre los negocios de la familia de la ex ministra de Educación, la aprobación de este Conpes. No obstante, nunca se declararon impedidas en el consejo de ministros celebrado el 2 de octubre de 2014, cuando se aprobó dicho documento.

Por esta razón, habrían incurrido en una falta disciplinaria. Además, la Procuraduría señaló que cuentan con la suficiente preparación académica para saber que el impedimento al que estaban expuestas.

Precisó el delegado del Ministerio Público que "los impedimentos son mecanismos que tienen como finalidad garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y garantizar la transparencia previniendo que se presenten situaciones en la que el interés particular prevalezca o entre en conflicto con el interés público".

También se cuestionó que las ex ministras no hicieran nada frente a la creación de dos peajes en la ruta Ocaña-Gamarra bajo la Resolución 2127 del 22 de julio del 2014, con lo cual se subieron las tarifas.

La Fiscalía General archivó la investigación penal por estos mismos hechos al considerar que no existían pruebas contundentes.

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