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Como es costumbre de los colombianos que dejamos todo para el final, ayer los mandatarios y sus secretarios y directivos corrían para tratar de firmar contratos y convenios, puesto que hoy entró en vigencia la Ley de Garantías que se extenderá hasta el 18 de junio con los resultados de la elección presidencial, si se da la segunda vuelta. Un tramo largo que por supuesto afecta el desarrollo de las entidades territoriales porque, según estimativos, queda prácticamente volando el 25 por ciento de la contratación pública.

Esta medida electoral, que impide las contrataciones con el Estado que pueden favorecer a los políticos en campaña, se constituye en una disculpa para que los gobernantes no cumplan los compromisos establecidos en sus planes de desarrollo; sin embargo, sabemos que desde un principio, cuando asumen los cargos, conocen el calendario de restricciones, pero siempre prima la inoperancia.

Como sabemos, la Ley 996 de 2005 busca brindar garantías a todos los candidatos y campañas políticas de cara a las elecciones al Congreso que se realizarán el 11 de marzo de 2018 y presidente de la República el 27 de mayo, prohibiciones que impiden que la nómina estatal y la contratación directa favorezcan a los candidatos para llegar a los comicios.

Es importante saber que esta ley no cierra por completo las puertas a la contratación y los alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas deben continuar en su gestión, incluso con más ahínco, porque se debe demostrar su potencial para impedir que se frene el progreso de sus regiones.

Es en estos 4 meses cuando los administradores deben aprovechar para acercarse más a las comunidades con programas de tipo social contra la pobreza, la inseguridad y de convivencia ciudadana que impliquen invertir recursos de entidades privadas como fundaciones. Es en este tiempo que se deben vigilar los proyectos que están en curso para que se cumpla con el cronograma y se puedan poner al servicio.

Por ejemplo, en el sector salud es importante tener en cuenta que dichas restricciones no aplican a las entidades sanitarias y hospitalarias. Además, durante la vigencia de la ley se podrán celebrar contratos con modalidad de selección, como la licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada.

Ya quisiéramos que con estas medidas prohibitivas se contenga la corrupción, pero los pillos de cuello blanco se dan los modos para violar la ley y apropiarse de los dineros públicos a manos llenas. Es decir, no es la norma la que contiene esos manejos ilícitos, son las malas costumbres y los criterios de formación en valores que se han perdido en esta sociedad. En un informe de esta semana la Contraloría General de la Nación advertía que los corruptos le han robado al país 50 billones de pesos en los últimos años.

Ojo para algunos mandatarios que son ignorantes frente a la ley que en este tiempo no podrán vincular o desvincular personal o modificar la nómina estatal, como crear cargos ni proveer vacantes definitivas, salvo que se trate de renuncia, licencia, muerte o expiración del periodo fijo que se vuelvan indispensables en la administración de la función pública.

Aún no tenemos un balance, pero esperamos que los mandatarios y titulares de otros despachos hayan hecho la tarea juiciosa y a última hora ayer alcanzado a concluir a cabalidad con las gestiones de los distintos proyectos. No se olviden que este y el año siguiente son de ejecución de obras y demostrar a sus comunidades que cumplieron con los pactos, o será la misma gente la que les cobrará por su incumplimiento.

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