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Quedó demostrado desde todo punto de vista la incapacidad del anterior gobierno de Juan Manuel Santos para proteger a los líderes y como se pinta el horizonte, en esta Administración de Iván Duque será igual o peor, pues ya vimos que el fin de semana pasado mataron a tres dirigentes sociales más, uno de ellos en el departamento de Nariño, Holmes Alberto Niscué Juspian, del resguardo El Gran Rosario, de la comunidad indígena Awá en Tumaco.

El caso de Niscué Juspian, como el de otros líderes, es la crónica de una muerte anunciada, porque estaba amenazado de muerte y ante la solicitud que le hicieron a la Unidad Nacional de Protección, UNP le entregaron un chaleco antibalas y un teléfono celular, lo que por supuesto no impidió que el pasado 19 de agosto le propinaran ocho impactos de bala en el corregimiento de La Guayacana cuando llegaba a su casa en el kilómetro 68 de la vía Pasto-Tumaco.

El gobernador de El Gran Rosario, Jesús Ignacio Moreano, afirmó que la víctima se desempeñaba como secretario del resguardo y confirma que sí era objetivo de intimidaciones, al igual que él, al parecer de las disidencias de las Farc que culpan a los líderes indígenas de permitir la presencia del Ejército en esta zona.

Otra vez la comunidad Awá, que ha sufrido de manera encarnizada la crudeza del conflicto armado, vuelve a estar en esa encrucijada de ponerse en la mira de los grupo armados legales e ilegales porque a su territorio llega el uno o el otro actor beligerante. Los acusan de sapos y los matan de la manera más inmisericorde.

Solo en lo corrido del año han matado en esas mismas circunstancias a 10 integrantes de esta etnia, crímenes que en su mayoría siguen en la impunidad, con el agravante de que los líderes hacen parte de una lista negra de los grupos armados.

Pero no solo son los Awá, todos los dirigentes sociales están acechados por los violentos, hasta el punto de que la cifra en nuestro departamento va en 29 muertos. Los dos últimos antes del caso en mención corresponden al de Carlos Jimmy Preciado ultimado la primera semana de junio en Bocas de Satinga, municipio de Olaya Herrera y Harold Lerma Palacio, abaleado por la espalda en un sector rural de Tumaco entre la vereda Ceivito y Chilví, cuando se desplazaba en una moto a visitar a su hermano.

La falta de protección del Estado hace que los líderes sean un blanco fácil de los sicarios. Es decir están completamente indefensos, mientras todos esos anuncios que se han hecho de esquemas de protección solo se quedaron en el romanticismo del ex vicepresidente de la República Oscar Naranjo, que en más de 20 oportunidades que estuvo en Tumaco garantizó medidas especiales.

Cuántos líderes más tendremos que esperar que maten de esa manera miserable para que el Gobierno Nacional actúe en serio. En el país mal contados van 340 en este 2018 y según la funesta proyección se terminaría el año con unos 400, constituyéndonos en el país más salvaje de la Tierra y en donde la vida de los dirigentes carece de valor.

Pero al igual que el Gobierno central, la indiferencia también la marcan las autoridades locales que ni siquiera se pronuncian y mucho menos toman medidas.

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