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Extraña, y hasta surreal, podrá sonar la historia de José Ricardo Barrera: el patrullero de 24 años que contó a la Corte Constitucional acabó tras largos años de apoyó a operativos en los que se decomisaban grandes cantidades de droga, en zonas de alto consumo de Medellín.

Estuvo en la institución durante cuatro años, y como contó al alto tribunal, tras los operativos realizados, y casi de manera repentina, empezó a consumir la droga incautada en los mismos “como consecuencia de sus labores cotidianas, las pocas horas de sueño y la responsabilidad de dar resultados a sus mandos”.

Su situación la conoció su comandante, quien de inmediato lo remitió a los servicios médicos, que le diagnosticó que debía entrar en rehabilitación, pues consecuencia del consumo de drogas le fueron diagnosticados trastornos mentales y del comportamiento como consecuencia del consumo de drogas, que derivó en la pérdida del 10% de su capacidad.

Pero este dictamen le impidió ser reubicado dentro de la institución “sin tener en consideración su condición de paciente con diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas, en tratamiento continuo”, como señaló el alto tribunal.

Y es que a juicio de la Corte, esta determinación puso en riesgo la vida de José Ricardo, que acudió al Alto Tribunal a exponer su situación, dado que una vez se presentó este hecho se redujo la efectividad de los tratamientos a los que ya estaba sometido.

El fallo fue claro: el Sistema Prestacional de las Fuerzas Militares y de Policía están obligados a “continuar prestando los servicios de salud, aun cuando, la persona deja de estar en servicio activo y no goza de asignación de retiro ni de pensión”.

Aun cuando la Fuerza Pública está obligada a dar este servicio “como expresión del deber del Estado de garantizar su prestación en términos de eficiencia”, hay tres excepciones que a juicio del Alto Tribunal se deben tener en cuenta: Cuando la persona haya adquirido una lesión o enfermedad antes de incorporarse a las fuerzas militares, que la patología fuese adquirida en su tiempo de servicio, o cuando sean necesarios exámenes especializados para determinar el nivel de incapacidad laboral.

Dado que el segundo panorama fue el que se dio en el caso de José Ricardo, el Alto Tribunal ordenó que se le garantice la prestación del servicio de salid “hasta que recupere su condición de salud o se haya afiliado al Régimen General de Seguridad Social en Salud”.

 

 

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